Hace unos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había devuelto la patata caliente del canon digital a un juez de Barcelona, y es que a la UE no le gusta el canon que en España ha impuesto la Sociedad General de Autores y Editores, especialmente aquella parte en la que se considera aplicable tanto a empresas como a particulares. Hoy se ha conocido la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona rechazando la legalidad de dicho canon y condenando a la SGAE a pagar las costas del proceso judicial.
El caso viene de lejos: la denuncia de la entidad presidida por Teddy Bautista contra la compañía de soportes audiovisuales Padawan, S.L. -una empresa que, entre sus productos de venta, tiene CD, DVD o MP3, todos ellos susceptibles a la aplicabilidad del canon-, que se negó de forma clara y contundente a pagar el canon digital que impone la SGAE al considerar que existe una diferencia cuantitativa y cualitativa entre las copias comercializadas a particulares y aquellas realizadas para uso propio por empresas y profesionales.
El viejo dilema por fin ha quedado aclarado gracias a la vía judicial: No es lo mismo realizar copias protegidas por derechos de autor que registrar datos personales, un ente que se agrava entre empresas y profesionales que necesitan de dichos soportes para realizar su trabajo. Y es que, ¿qué empresa no necesita hoy de soportes almacenamiento de datos?
Para ello el tribunal ha hecho pública la siguiente sentencia: "El canon digital (...) tan sólo puede aplicarse a los soportes destinados a un uso de particulares, respecto de los que cabe presumir un posible destino a la copia privada (...) La SGAE tendría derecho a aplicar un canon (...) sobre los soportes digitales comercializados a particulares, y no a empresas y profesionales". Así mismo afirman que los nuevos soportes digitales "de forma generalizada, constituyen instrumentos de trabajo destinados a almacenar documentos propios, comerciales, empresariales o profesionales, ajenos a la copia privada de obras protegidas".
La triunfadora del pleito, Padawan, convenció al juez explicando que para ellos es imposible diferenciar la venta a un particular y a un profesional. Un varapalo en toda regla para la controvertida entidad de gestión, claro, pero también para el Gobierno Español que, tanto desde el Ejecutivo como desde el Ministerio de Cultura ha defendido la aplicación del, hoy por hoy, invalidado canon.
Daniel Villarraso
