Granados y Delgado, un crimen legal

Corría el 17 de agosto de 1963 cuando, a altas horas de la madrugada, los franquistas se hicieron con el poder en la cárcel de Carabanchel con el objetivo de acabar con la vida de dos personas que compartían su pasión y su defensa a ultranza del anarquismo. Se trataba de Joaquín Delgado y Francisco Granados, quienes eran sospechosos de haber hecho estallar dos artefactos explosivos en la capital de España. No obstante, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) veló en todo momento por la inocencia de los dos presuntos implicados en los atentados ocurridos a lo largo de aquella noche.

Una de las principales razones para que fueran acusados fue la ideología que defendían, aunque la versión de los principales mandatarios de la CNT y la conmoción que se produjo en todo el mundo por los fallecimientos del comunista Julián Grimau, quien perdió la vida el 20 de abril de 1963, y del combatiente Ramón Vila Capdevila semanas antes del otro trágico suceso provocaron que el caso fuera archivado por falta de pruebas concluyentes.

Tuvieron que transcurrir más de tres décadas para que los dos responsables del crimen comunicaran que ellos habían sido los encargados de detonar las bombas en Madrid, informando de lo sucedido en la cadena ARTE, un canal cultural de tendencia franco-alemana. Este hecho permitió que las medidas que se tomaron contra los dos implicados se convirtieran en un homicidio de naturaleza lícita por parte del régimen franquista que imperaba en España en aquella época.